El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en 1 380 distritos del país debido al peligro inminente generado por intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 149-2026-PCM, publicado el 3 de noviembre de 2026 en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.
Alcance de la declaratoria
La norma comprende jurisdicciones ubicadas en 191 provincias de 24 departamentos. Su aplicación habilita la ejecución de intervenciones consideradas excepcionales, inmediatas y necesarias para reducir el nivel de riesgo existente, además de atender las emergencias y desarrollar las labores de rehabilitación que correspondan.
| Medida | Datos establecidos |
|---|---|
| Vigencia | 60 días calendario |
| Distritos incluidos | 1 380 |
| Ámbito territorial | 191 provincias y 24 departamentos |
| Evento asociado | Lluvias intensas vinculadas con El Niño 2026-2027 |
El Decreto Supremo dispone que los gobiernos regionales y las municipalidades comprendidas ejecuten las medidas previstas con la coordinación técnica y el seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). En este trabajo también deberán participar los ministerios y las demás entidades públicas y privadas que estén involucradas en la atención del riesgo y de sus efectos.
Intervenciones y coordinación institucional
Las acciones deberán guardar una relación directa con el evento que motiva la emergencia. Esto significa que las intervenciones deben estar sustentadas en los estudios técnicos elaborados por las entidades competentes y orientarse a reducir el muy alto riesgo, responder ante las lluvias y recuperar las zonas que resulten afectadas.
- Los gobiernos regionales y locales ejecutarán las medidas dentro de sus jurisdicciones.
- Indeci asumirá la coordinación técnica y el seguimiento de las acciones.
- Los ministerios y otras instituciones públicas y privadas intervendrán según sus competencias.
- Las medidas podrán ajustarse durante su ejecución, de acuerdo con las necesidades y las condiciones de seguridad identificadas.
La norma también permite modificar las acciones inicialmente previstas cuando cambien las necesidades de atención o aparezcan nuevos elementos de seguridad durante su ejecución. Cualquier ajuste deberá contar con el respaldo de los estudios técnicos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el decreto.
Financiamiento de la emergencia
El dispositivo señala que las actividades serán financiadas con cargo a los presupuestos institucionales de las entidades involucradas. La declaratoria, por tanto, no contempla una asignación adicional de recursos con cargo al Tesoro Público. La responsabilidad de poner en marcha las medidas recae en los pliegos que participan en la atención de la emergencia, dentro del marco fijado por la norma.
