El Gobierno dispuso la continuidad, por 60 días, del estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios considerados de alta peligrosidad. La medida regirá desde el 5 de noviembre de 2026 y fue formalizada mediante un decreto supremo publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros en el Diario Oficial El Peruano.
La decisión alcanza a los penales Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones. El régimen también comprende una zona exterior de 200 metros alrededor de los límites de cada establecimiento, debido a la identificación de asentamientos e instalaciones informales ubicados cerca de los recintos penitenciarios.
Evaluación de la seguridad penitenciaria
De acuerdo con la evaluación policial citada en el decreto, la situación de estos penales está marcada por un nivel de hacinamiento de 156 %. El mismo reporte señala una brecha en la custodia: cada agente debe vigilar, en promedio, a 45 internos. La Policía Nacional del Perú solicitó que se mantenga la medida luego de revisar las condiciones de los establecimientos que concentran a internos considerados de mayor riesgo.
El análisis policial también registró la presencia de dirigentes de organizaciones criminales transnacionales, así como hallazgos repetidos de equipos de comunicación, sustancias ilícitas y armas punzocortantes. A ello se sumaron atentados con artefactos explosivos en los accesos de los penales Ancón I y Miguel Castro Castro, según la información incorporada en la evaluación.
Internos vinculados a extorsión y sicariato
La información oficial identifica una concentración relevante de internos procesados o condenados por delitos asociados al crimen organizado. En particular, Miguel Castro Castro y Ancón I reúnen a 559 de los 1 037 internos procesados o condenados por extorsión en Lima y Callao. Ambos penales también albergan a 59 de los 88 reclusos registrados por sicariato en el área metropolitana.
- Penales incluidos: Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.
- Duración: 60 días desde el 5 de noviembre de 2026.
- Área comprendida: los establecimientos y una franja de 200 metros alrededor de cada uno.
- Indicadores reportados: 156 % de hacinamiento y un agente por cada 45 internos, en promedio.
Control del perímetro exterior
La declaratoria no se limita a los ambientes internos de los penales. El perímetro adicional fue incluido porque las autoridades detectaron construcciones y asentamientos informales situados a menos de 200 metros de las cárceles, pese a la franja de intangibilidad establecida alrededor de estos centros. El decreto incorpora ese radio a las acciones vinculadas con el régimen de emergencia.
La prórroga se produce después de un periodo previo bajo el mismo régimen, cuya evaluación sirvió de base para la solicitud de la Policía Nacional. La disposición fue aprobada por el Senado y la Presidencia del Consejo de Ministros, según la información difundida sobre la medida. El decreto publicado establece así la continuidad de las acciones extraordinarias de seguridad en los cinco establecimientos señalados, mientras se mantienen las restricciones y controles previstos para sus instalaciones y zonas colindantes.
