El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) advirtió que una demora en el trámite del proyecto de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) podría convertirse en el argumento para promover una nueva prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuya vigencia vence el 31 de diciembre de 2026. La observación fue formulada por Gustavo De Vinatea, gerente general del IIMP, en una entrevista concedida a RPP Regional.
De Vinatea explicó que, aunque el Ejecutivo remitió la iniciativa legislativa al Congreso, la aprobación de la Ley MAPE no constituye una condición necesaria para cerrar el Reinfo, dado que el país cuenta con la Ley General de Minería y con la normativa específica de fomento a la pequeña minería y minería artesanal vigente desde 2002. Según el gerente del IIMP, esos instrumentos permiten continuar los procesos de formalización sin depender de la nueva ley.
"Calculo que parte de la estrategia para prorrogar el Reinfo va a ser dilatar la discusión de la ley MAPE... y decir hacia finales de año que como no hay una ley MAPE, tiene obligatoriamente que prorrogarse el Reinfo"
En su intervención, De Vinatea recordó que el Reinfo lleva catorce años de vigencia y cuestionó las sucesivas extensiones del mecanismo, que, en su opinión, han transformado un instrumento transitorio en una vía que facilita la continuidad de actividades fuera de la formalidad. Afirmó taxativamente que el Reinfo debe finalizar el 31 de diciembre y pidió no perpetuar lo que calificó como un error colectivo.
Contexto legal y técnico
El Reinfo fue creado como un registro temporal que brindó facilidades administrativas para la formalización de pequeños mineros y mineros artesanales. No obstante, su prolongada existencia ha generado debate entre organizaciones del sector, autoridades y especialistas sobre su carácter excepcional y los efectos que tiene en los procesos de formalización y fiscalización.
- Alternativas legales: De Vinatea señaló que la normativa actual permite la formalización sin la aprobación previa de la Ley MAPE.
- Riesgo de prórroga: Según el IIMP, la demora en aprobar la MAPE podría utilizarse como justificación política para extender nuevamente el Reinfo.
- Crítica al carácter permanente: El IIMP cuestiona que un mecanismo concebido como transitorio se mantenga por catorce años.
La discusión pública sobre la Ley MAPE ha cobrado relevancia en los últimos meses, pues el Ejecutivo ha señalado que la propuesta busca sustituir al Reinfo por un régimen ordinario y establecer un periodo transitorio para los mineros en proceso de formalización. Sin embargo, el IIMP enfatiza que la ausencia de la nueva ley no impide que los mineros utilicen el marco legal vigente para formalizarse.
Implicaciones para la formalización
La posición del IIMP pone el foco en dos aspectos concretos: la necesidad de que el Reinfo cumpla su carácter temporal y la posibilidad de que las prórrogas posterguen una formalización definitiva. La organización técnica insta a que las autoridades y los actores involucrados eviten condicionar el cierre del registro a la aprobación de la MAPE y utilicen las herramientas legales existentes para continuar los procesos administrativos correspondientes.
Las declaraciones de Gustavo De Vinatea se producen en medio del trámite legislativo de la MAPE y del debate sobre cómo articular políticas que promuevan la formalización, la sostenibilidad ambiental y el acompañamiento técnico del Estado a los pequeños mineros y mineros artesanales.
| Elemento | Situación |
|---|---|
| Reinfo | Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 (según el IIMP) |
| Ley MAPE | Proyecto enviado por el Ejecutivo en trámite en el Congreso |
| Normativa vigente | Ley General de Minería y normativa de 2002 para pequeña minería y minería artesanal |
Las aseveraciones del IIMP constituyen un llamado a la celeridad en el debate legislativo y a la utilización de las normas existentes para evitar que el Reinfo se mantenga más allá de su objetivo temporal. El planteamiento también abre espacio para que distintas instancias —gremios, ministerios y el propio Congreso— aclaren el cronograma y las implicancias legales de cualquier eventual prórroga.
