El Ministerio de Educación (Minedu) anunció la asignación de S/ 670 364 para financiar la contratación de 64 abogados que prestarán apoyo en los procedimientos administrativos disciplinarios (PAD) contra docentes denunciados por presunta violencia sexual. El servicio tendrá una duración de dos meses y se aplicará en diversas unidades de gestión educativa local (UGEL) en distintas regiones del país.
Qué cambiará y cómo funcionará
Los profesionales contratados brindarán asistencia directa en la tramitación de PAD que cursan en las UGEL. Según la información difundida por los medios que reportaron la medida, la intervención busca acelerar la revisión de expedientes, reducir demoras administrativas y permitir que las autoridades educativas adopten con mayor celeridad las decisiones sobre las responsabilidades administrativas que correspondan.
- Presupuesto: S/ 670 364.
- Personal contratado: 64 abogados especialistas.
- Duración del servicio: dos meses.
- Ámbito: diversas UGEL y gobiernos regionales, mediante transferencias del Minedu.
El viceministro de Gestión Institucional, Antonio Aleman Nakamine, fue citado por los informes que cubrieron el anuncio como responsable de señalar que la prioridad es resolver los expedientes pendientes y establecer las responsabilidades administrativas correspondientes.
Contexto y cifras oficiales
El Minedu fundamenta la medida en la necesidad de dar pronta atención a las denuncias de violencia sexual en el ámbito escolar y en la carga procesal que acumulan las UGEL. Los reportes oficiales citan que, entre 2014 y julio de 2026, 3 347 casos concluyeron con la destitución de docentes por hechos contra la libertad sexual, cifra que corresponde a procedimientos que finalizaron con esa sanción, según el Sistema Informático de Monitoreo de Expedientes (SIMEX).
El Minedu dispone desde 2024 del Módulo de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (PAD), que permite identificar a docentes separados preventivamente y generar alertas sobre su situación. La separación preventiva se utiliza para impedir el contacto del investigado con estudiantes mientras dure la medida; el Minedu y las UGEL son las instancias encargadas de tramitar y resolver los PAD, en coordinación con las comisiones disciplinarias regionales y locales.
| Concepto | Dato |
|---|---|
| Presupuesto asignado | S/ 670 364 |
| Número de abogados | 64 |
| Duración estimada del servicio | 2 meses |
| Casos con destitución (2014–julio 2026) | 3 347 |
Procedimientos y responsabilidades
Los abogados apoyarán la atención de expedientes que se tramitan en las UGEL, cuya competencia es sustanciar los PAD y emitir las resoluciones administrativas correspondientes. El Minedu actúa como orientador y supervisor de estas etapas, y transferirá recursos a los gobiernos regionales para financiar los contratos. Las comisiones disciplinarias y las direcciones regionales de educación son las instancias llamadas a resolver los procedimientos conforme a la normativa vigente.
Los reportes también recuerdan que, ante una denuncia por violencia sexual, los directores escolares deben activar los protocolos de protección, comunicar los hechos a la Policía Nacional y al Ministerio Público, y garantizar la atención y acompañamiento a las víctimas. La separación preventiva del docente investigado es una medida administrativa que no constituye una sanción definitiva ni prejuzga la eventual responsabilidad.
La contratación de los 64 abogados se enmarca, según las notas, en la implementación de la Ley 32618, que modifica aspectos de la Ley de Reforma Magisterial, y forma parte de un esfuerzo gubernamental por mejorar los tiempos y la eficacia en la atención de casos que afectan la integridad de estudiantes.
