El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantiene la aplicación obligatoria de controles mediante escáneres corporales para el personal del penal El Milagro, en Trujillo, pese al pedido de un grupo de trabajadores que solicita suspender el uso diario de esos equipos por una presunta exposición radiológica acumulativa. La controversia también motivó la intervención de la Defensoría del Pueblo y una solicitud de fiscalización ante el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN).
Según el reclamo presentado por los servidores, los controles comenzaron a aplicarse el 28 de septiembre de 2026. Los trabajadores sostienen que deben atravesar los equipos por lo menos dos veces al día y que las falsas alarmas de los dispositivos han llevado a que algunos agentes sean revisados hasta cuatro veces durante una jornada. Su principal preocupación está relacionada con los efectos que, según afirman, podría generar la repetición de los controles.
“Esta medida expone a los trabajadores a un severo riesgo de exposición radiológica acumulativa, proyectando más de 400 exposiciones anuales por servidor”.
La afirmación forma parte del documento remitido por los trabajadores. En esa comunicación solicitaron al IPEN una acción urgente de control y fiscalización, así como un informe técnico que disponga la suspensión del uso cotidiano de los equipos mientras las entidades responsables acreditan las autorizaciones y medidas de seguridad correspondientes.
- Inicio señalado por los trabajadores: 28 de septiembre de 2026.
- Controles habituales denunciados: al menos dos por trabajador cada día.
- Revisiones adicionales alegadas: hasta cuatro en una jornada debido a falsas alarmas.
- Entidad requerida: Instituto Peruano de Energía Nuclear.
En su pedido, los servidores solicitaron que se verifique la existencia de licencias institucionales e individuales, además de los planes de bioseguridad aplicables al funcionamiento de los equipos emisores de radiación. También pidieron que el informe técnico determine si corresponde detener el uso diario de los escáneres hasta que se acredite el cumplimiento de esas exigencias.
La Defensoría del Pueblo intervino mediante el Oficio N.° 1747-2026, con el objetivo de fiscalizar las licencias y las medidas de protección radiológica relacionadas con los controles. La dirección del penal, por su parte, deslindó responsabilidad directa sobre el reclamo, de acuerdo con la información difundida sobre el caso.
Frente a la solicitud de los trabajadores, el INPE ratificó que el principio de autoridad debe cumplirse y que los controles electrónicos son obligatorios para todo el personal. La entidad no anunció la suspensión de los escáneres. El caso queda así sujeto a las verificaciones técnicas y administrativas que correspondan, mientras continúa el debate sobre las condiciones de uso de los equipos y la protección de los servidores penitenciarios.
