Licencias sin ley. Resoluciones emitidas por exfuncionarios carecen de sustento, por lo que serán anuladas. Esto tomará tiempo, pero provocaría un desabastecimiento para pasajeros.
Arequipa. Alrededor de 10 mil personas se movilizan en las cuestionadas minivanes. Las rutas más comunes son El Pedregal, Camaná, Castilla y Caravelí. Los usuarios las prefieren por la frecuencia con la que salen los carros y por la demora de los buses de 45 pasajeros.
Sin embargo, casi todas brindan un servicioinformal que ha quedado expuesto luego de la detención de los integrantes de “Los correcaminos del sur”. Se trata de funcionarios que le sacaron la vuelta a la ley para expedir habilitaciones de rutas a las minivanes a cambio de dinero.
El nuevo gerente regional de Transportes, Grover Delgado, ha anunciado que buscarán la manera legal de anular las resoluciones que dan los permisos, lo que provocaría que de la noche a la mañana una decena de miles de viajeros queden varados. Aunque Marco Chauca, representante de las empresas formales de transporte, asegura que tienen flota para cubrir la necesidad, lo cierto es que se avecina una crisis en el transporte interprovincial de pasajeros.
El camino legal para retirar las habilitaciones de ruta a los empresarios de las minivanes tomará su tiempo. Ninguna de las resoluciones está basada en la ordenanza 153-2011, que fue derogada por el Tribunal Constitucional (TC) en noviembre de 2015. Según se pudo observar en los documentos mostrados por los mismos empresarios, las resoluciones se basan en la Ley N° 27181 de Transporte y Tránsito Terrestre y el Decreto Supremo 017-2009 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Ambas normas alientan la ampliación de nuevas rutas para el tránsito de pasajeros. Estas facultades se dan a los gobiernos regionales. Pero para que las autoridades puedan dar las habilitaciones de rutas, se debe sustentar la necesidad de nuevas rutas.
Esto es justamente de lo que carece el gobierno regional, indica Geoffrey Rivas, especialista en transportes.
No se cuenta con un sustento para dar nuevas rutas, ya que no se conoce formalmente qué sitios están desabastecidos. En 2011 se intentó insertar el informe situacional, pero no era técnico. Es por este motivo que el TC lo declaró inconstitucional. Luego de ello no se volvió a elaborar documento parecido.
A pesar de ello, la Gerencia de Transportes continuó dando habilitaciones de rutas, las hoy conocidas “licencias naranja”, a un número indeterminado de empresas y vehículos. La última vence en 2028. Se basaron en normas antiguas, las ordenanzas regionales 101, 130 y 239. Estas solo hablan de las facultades de la Región para otorgar habilitaciones, pero también se hace hincapié en la necesidad de un estudio situacional. Este es su talón de Aquiles, sin contar que casi ninguna da servicio en la ruta que dice su resolución.
Desabastecimiento
El gerente Delgado no conoce la cantidad de minivanes a retirar, es por ello que ha anunciado una auditoría para determinar la cifra. A su vez, ha pedido a la Procuraduría regional que analice los permisos e identifique los ilegales. Se estima que sean más de 500.
Geoffrey Rivas señala que para evitar desabastecimiento, la Región debe identificar las rutas desabastecidas e iniciar licitaciones de rutas para esas zonas.
Créditos: La República
