Moquegua. El testimonio de Rocío Cabanillas es clave para desentrañar los actos de corrupción para obras en una carretera.
El fiscal Anticorrupción, Emilio Salas, investiga presuntos actos de corrupción en la Gerencia Regional de Transportes, que dirige Carlos Linares. Las indagaciones se hacen a raíz de una denuncia hecha por el consejero regional Rolando Ramos. El legislador advierte un manejo indebido de los fondos transferidos por Provías para el mantenimiento de carreteras en la provincia Sánchez Cerro. En mayo del 2017, la Gerencia de Transportes contrató por concurso al consorcio Cerro Baúl, representado por Edwin Flores, para el mantenimiento rutinario de 136 kilómetros del tramo MO-103. Este va desde Ticsani-Pallatea-Puente Coalaque hasta Tolapalca.
El valor de los trabajos demandaría casi seis millones de soles. Para cumplir sus obligaciones, el contratista subcontrató a otras empresas pese a la prohibición del contrato. Una de las contactadas fue Rocío Cabanillas (Cajamarca) y su empresa Ramces Sac. Esta debía encargarse del mantenimiento de 40 km por S/ 700 mil.
Cabanillas a su vez alquiló maquinarias a la empresa Caceli de Javier Landa y otras de Héctor Cuayla. No terminó los trabajos porque apenas le depositaron S/ 230 mil. Estos contratos de subcontratación no se efectuaron con Cerro Baúl, sino con el consorcio vial Sánchez Cerro de Juan Picha.
Cabanillas sostiene que ambos consorcios tienen un mismo dueño y que Flores y Juan Picha son testaferros de Manuel Quispe, el exasesor externo del gobernador Jaime Rodríguez. Pero que quien administra sería su hijo Renzo Quispe.
Lo más grave, según Cabanillas, es que para entrar a trabajar en esta vía entregó una coima de S/ 10 mil a Marcelo Chuquiyauri, un ingeniero de confianza de los Quispe. Los proveedores están impagos y reclaman que cumplan. Otros empresarios de Arequipa también estarían en la misma situación.
Créditos: La República
