El Ministro del Interior adelantó que la expulsión de los extranjeros será vía terrestre y no aérea porque genera mucho gasto.
El Ejecutivo modificó la Ley de Migraciones y creó un nuevo sistema para evaluar la situación migratoria de los extranjeros y dictar su expulsión del país si no su situación legal no está regularizado. Las empresas de transporte interprovincial serán multadas si trasladan a migrantes en situación irregular.
El 10 de noviembre fue la fecha límite que el gobierno de Dina Boluarte estableció para que las y los extranjeros que ingresaron de manera irregular al Perú pudieran actualizar su situación migratoria mediante el Permiso Temporal de Permanencia (PTP).
“No habrá ninguna ampliación. Luego de esa fecha vence el plazo para iniciar el trámite a través de la Agencia Digital Migratoria. Luego el sistema se desactiva”, alertó a inicios de noviembre el Superintendente Nacional de Migraciones, Armando García Chunga.
Según Migraciones, vencido el plazo, se registraron un total de 214,633 mil solicitudes para obtener el PPT. Los solicitantes provienen en su gran mayoría de Venezuela (94,3%), Colombia (2.4%), Cuba (0.9%), Ecuador (0.6%) y otros países (1.8%)
Cuatro días después, el Ejecutivo promulgó, en el marco de la delegación de facultades otorgadas por el Legislativo, el Decreto Legislativo Nº 1582 que modifica algunos artículos del Decreto Legislativo N° 1350, conocida como Ley de Migraciones. Esta norma establece, entre otras cosas, un nuevo sistema para expulsar del país, en un plazo máximo de 48 horas, a aquellos extranjeros que no tengan sus documentos regularizados.
Uno de los primeros cambios a la Ley de Migraciones que se da con este nuevo Decreto Legislativo se observa en el Artículo 1 que plantea el objetivo de la norma. Se ha añadido que, la nueva regulación migratoria que plantea el DL Nº 1582, se da para “fortalecer la seguridad nacional, salud pública, orden interno, orden público, seguridad ciudadana, de conformidad con el principio de soberanía”.
En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reiteró este argumento señalando que lo que busca el Gobierno con esta medida es “cuidar la paz y la seguridad de los 33 millones de peruanos”.
“Felicitamos a los extranjeros que han entendido la necesidad de integrarse a una sociedad de puertas abiertas como la peruana. Y aquellos que no lo han hecho, el mensaje es clave, contundente y directo: vamos a aplicar las leyes migratorias. (…) Nuestro país no es un país al que puede ingresar el que le dé la gana, vulnerando nuestras normas de orden público. Nuestra principal preocupación es cuidar la seguridad y la paz de los 33 millones de peruanos. (…) Lo que queremos es ordenar las cosas y cuidar, meticulosamente, la vida y la seguridad de nuestros compatriotas”, dijo Otárola
¿Cómo funciona el mecanismo de expulsión?
La norma crea el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), el cual puede dictar la expulsión de extranjeros en dos casos específicos. El primero de ellos es por encontrarse en situación migratoria irregular al ingresar al país sin realizar el control migratorio de conformidad con la normativa vigente. Y en el segundo caso cuando se compruebe que realizan actividades que pongan en riesgo o atenten contra el orden público, el orden interno, la seguridad nacional o la seguridad ciudadana.
Otárola explicó que el PASEE funcionará en pasos. Primero, la Policía Nacional del Perú va a intervenir a las personas que no tengan ninguna acreditación dentro del sistema migratorio nacional. Luego, la Policía expide un informe a la Superintendencia de Migraciones y esta realiza una audiencia única, la misma que puede ser virtual o presencial, y no podrá exceder las 24 horas contabilizadas desde la retención administrativa efectuada por la Policía.
En caso de comprobarse la comisión de la infracción, Migraciones emite la resolución de sanción que ordena la expulsión inmediata.
“Este procedimiento respeta el contenido fundamental de la tutela procesal efectiva, que está en el artículo 139 de la Constitución, el derecho de defensa, la pluralidad de la instancia, y todas las garantías que un ciudadano puede requerir, pero de manera rápida y célere resuelve en una sola audiencia la situación migratoria […] respecto de aquellos ciudadanos que no han cumplido [con regularizar su situación], pese a que desde mayo se amplió este procedimiento”, afirmó Otárola
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