Con información de Perú 21
La Contraloría General de la República emitió un informe que agrava la situación del gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo.
El mencionado informe confirma que Salcedo habría hecho uso ilegal del estadio Inca Garcilaso de la Vega al “hospedar en un recinto del Estado” a cientos de manifestantes que participaron, en enero, en violentas protestas que acabaron con la vida de una persona.
Según precisa el documento de Contraloría, el gobernador dio luz verde para que los revoltosos duerman en el recinto deportivo. Este hecho resulta irregular pues ingresaron con una finalidad distinta a la realización de actividades deportivas.
La Contraloría también señala que el gobernador y otros implicados habrían “vulnerado la neutralidad y la protección de bienes del Estado”.
¿Qué ocurrió?
Como se recuerda, la tarde del pasado 10 de enero, cientos de personas ingresaron a las instalaciones del estadio ubicado en el distrito de Wanchaq en Cusco.
El informe sustenta su investigación en imágenes de las cámaras de seguridad del recinto en el que pernoctaron más de 300 protestantes, quienes luego intentaron tomar el aeropuerto.
El vídeo se visualiza que ingresaron por la puerta del lado occidente del estadio a partir de las 5:30 p.m. del martes 10 de enero y se fueron retirando a las 4:21 a.m. del miércoles 11.
La Contraloría muestra también fotografías del cuaderno de vigilancia y registro del estadio Garcilaso. Es en el mencionado cuaderno en el que se deja constancia de que “por orden del gobernador regional” los manifestantes se podían quedar alojados hasta el día siguiente.
Ese cuadernillo también da cuenta del ingreso del vehículo de placa de A7F-631 a nombre de Walter Torres Orccon, presidente de la denominada Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru de Cusco (FARTAC), gremio de manifestantes que agrupa a comunidades indígenas y nativas, y que encabezó las violentas manifestaciones.
Es en ese sentido que fuentes en el Ministerio Público, consultadas por Perú21, aseguraron que tras el informe de la Contraloría se estaría evaluando formalizar la investigación preparatoria contra el gobernador y otros implicados.
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Según el abogado penalista Andy Carrión, tras el informe de Contraloría, el gobernador cusqueño sería investigado por peculado de uso y podría ser inhabilitado para ejercer cargos públicos y sancionado con una pena de 4 a 8 años de prisión.
Dato
Entre el 9 y 12 de enero se registraron en Cusco múltiples hechos violentos, como saqueos de centros comerciales, el intento de tomar el aeropuerto, además de la quema de un canal de televisión.
