Hoy por segunda vez consecutiva, el fiscal anticorrupción Emilio Salas Apaza llegó hasta la sede del Gobierno Regional de Moquegua motivado por otra denuncia sobre la contratación de servicios en el ex hospital de contingencia de San Antonio, futuro Hospital COVID-19.
Ésta vez la denuncia fue por la adjudicación del “Servicio de Instalación y Montaje del Sistema de Presión Negativa en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Contingencia San Antonio a Todo Costo”, en ella está comprometida otra empresa.
Para este servicio fueron invitadas el 29 de abril, las empresas Resunisa E.I.R.L, representada por Ángel Lorenzo Cayllahua Ollachica, la empresa H y H Contratistas Generales E.I.R.L., representado por Guido Herrera Flores, y Joel Moisés Quispe Acurio como persona natural.
Al día siguiente el jefe de Logística, César Huanca Ayna emite la carta N° 016-2020-GRM/ORA-OLSG, mediante la cual notifica a Joel Moisés Quispe Acurio para el inicio del servicio adjudicado y que se materializa mediante el acta de inicio de intervención del expediente técnico.
Lo que ocurre luego y que motiva la investigación fiscal es que en una visita de inspección del 20 de mayo, los que se encontraban haciendo los trabajos en el ex hospital de contingencia, eran trabajadores de la empresa Resunisa E.I.R.L., debidamente identificados y que además fue una de las que cotizó para el servicio.
Por ello, es que ésta mañana el fiscal a cargo de la investigación realizó las primeras diligencias en las áreas comprometidas del Gobierno Regional de Moquegua.
Créditos: EPN
